INFORMACIÓN ECONÓMICA

«Escaso resultado» del sistema especial de prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos. El cese de actividad de los autónomos recaudó según lo presupuestado por la Seguridad Social 132,5 millones de euros y ha pagado en prestaciones poco más de 16,5 millones, según informa la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA). De todas las solicitudes fueron denegadas 1.787, es decir, un 53,99% de las registradas, en la mayoría de las ocasiones por no acreditar correctamente el cese de actividad, en particular cuando se trata de causas económicas para las que el reglamento no establece un sistema claro y fácil de justificar por parte de los solicitantes. Criticó también el «escaso interés» de las CCAA en la reincorporación de los beneficiarios al mercado de trabajo aprovechando el 1% del total de lo recaudado para este fin, que asciende a algo más de 1,3 millones de euros este año y acumula unos 9 millones de euros desde que el CATA comenzó a funcionar.

Incumplir restricciones medioambientales podría quitar puntos del carné de conducir. El Ministerio del Interior trabaja en una modificación de la actual Ley de Tráfico y Seguridad Vial y no descarta incluir en ella como infracción grave el incumplimiento por los conductores de las restricciones medioambientales, lo que conllevaría incluso la detracción de puntos del carné. El Ejecutivo indica que, previsiblemente, antes de final de año estará listo el anteproyecto de reforma de la ley, con el que se quiere «afrontar de manera más efectiva los retos actuales de la movilidad segura y sostenible, tanto en ciudad como en carretera, y uno de esos retos es la respuesta eficaz al control medioambiental de la movilidad».

Cepyme reciben positivamente la intención de la CE de simplificar el IVA a la pymes, puesto que “recoge un reconocimiento de los problemas específicos de las pymes, en general, y de las pequeñas empresas, en particular”. Las consecuencias de aplicar las medidas presentadas por la UE serían realmente importantes ya que, por ejemplo, se espera que los costes de cumplimiento en que incurren las pymes se reduzcan en un 18%, es decir, en aproximadamente unos 1.080 millones de euros al año. Pero estiman que las actividades comerciales transfronterizas de las pequeñas compañías dentro de la UE se incrementen en un 13,5%. La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), en cambio, es bastante crítica: “Aunque compartimos el objetivo de establecer un sistema de IVA más robusto, menos abierto al fraude y más simple, creemos que la propuesta va en el sentido opuesto, ya que complica el sistema. Obligar a pymes y autónomos a aplicar 28 IVA diferentes en la UE, según el país de destino, creará costes adicionales y mayor inseguridad jurídica”.

El 40% de los nuevos empleos indefinidos son de corta duración, no consiguen superar el año, según demuestra un estudio realizado por los economistas Florentino Felgueroso, José Ignacio García-Pérza y Marcel Jansen. La causa fundamental de esta corta duración es el despido, que representa alrededor del 60% de las bajas en los nuevos contratos indefinidos. El 88% de las bajas que se producen en los nuevos contratos indefinidos «transita en su mayor parte a otra situación laboral distinta a la del empleo indefinido. No parece, por lo tanto que tan elevadas tasas de separación tempranas vengan motivadas por abandonos voluntarios para moverse a otro empelo indefinido». El alto porcentaje de despidos en los primeros seis meses «podría deberse a un mayor uso de bajas por finalización del periodo de prueba». Esta situación deja entrever que con la legislación actual y los instrumentos utilizados para combatir la alta rotación laboral, se comprueba que el despido en los contratos indefinidos no resulta tan complicado en los primeros meses.

El Ecofin ha aprobado una directiva que obliga a todo tipo de intermediarios fiscales (bancos, consultores, asesores, abogados, contables…) a comunicar a las autoridades de hacienda cualquier tipo de planificación impositiva que implique a países terceros con bajos impuestos o que establezca una relación directa entre los honorarios abonados por el cliente y el ahorro de impuestos que se le ofrece. Bruselas calcula que la elusión fiscal reduce los ingresos anuales en un billón de euros. La directiva deberá trasponerse a la legislación nacional antes del 31 de diciembre de 2019. Y el primer intercambio de información entre países tendrá lugar, según la norma, el 31 de octubre de 2020.

Hacienda deja claro que desempeñar altruistamente la abogacía una vez jubilado, no da derecho a deducir los gastos asociados a esta actividad voluntaria en la declaración del impuesto sobre la renta. La Dirección General de Tributos (DGT) resuelve esta duda en una reciente consulta planteada por un letrado jubilado que se dedica voluntariamente a asesorar gratis a los vecinos de determinados barrios de su ciudad. Finalmente, la DGT contesta consecuentemente al letrado: “los gastos de desplazamientos, teléfono y demás gestiones en que incurre no se encuentran dentro de los gastos deducibles para el cálculo de los rendimientos netos del trabajo y por lo tanto, no podrá considerarlos como tales en su declaración del impuesto”.

SECTORES BANCARIO Y BURSÁTIL

El endurecimiento de las condiciones del producto estrella del Santander, la Cuenta 1, 2, 3, ya ha dado sus frutos. La entidad cántabra incrementó en casi un 44% las comisiones que cobra por el mantenimiento y uso de las tarjetas de crédito y débito en 2017. Así, el banco cerró el año con unos ingresos por comisiones por estos productos de 250 millones de euros, frente a los 174 millones que ingresó un año antes. Desde la entidad aseguran que en torno al 70 u 80% del incremento de las comisiones cobradas por tarjetas se debe a estos cambios en la cuenta, mientras que el porcentaje restante se explica por un aumento de aplazamientos con tarjeta de crédito en 2017.

CaixaBank ha colocado este martes 1.250 millones de euros en bonos contingentes convertibles, conocidos como ‘CoCos’, en una operación que ha recibido una demanda casi tres veces superior, según han informado en fuentes del mercado. Los ‘CoCos’ computan como capital AT1 y permiten a las entidades completar el ‘colchón anticrisis’ que las autoridades comunitarias exigen a las entidades en el marco del requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles.

EMPRESA

Las asociaciones representativas del sector del taxi en la Comunidad de Madrid han acordado la inclusión del servicio de taxi compartido en la capital de España. El acuerdo se ha alcanzado en un encuentro que han tenido las organizaciones con el director general de transportes de la Comunidad, con la idea de competir así contra Uber y Cabify. El acuerdo permitirá a los usuarios llegar a acuerdos para compartir servicios desde grandes nodos de transporte o puntos de gran afluencia de público en la almendra central a la periferia. Asimismo, usuarios y taxistas podrán practicar el carpooling (realizar trayectos compartidos) en cualquier punto de Madrid mediante la recogida en tiempo real de nuevos pasajeros en un taxi que ya se encuentre ocupado, siempre y cuando el usuario que se encuentra dentro del coche lo acepta para compartir el precio de la carrera.