INFORMACIÓN ECONÓMICA

Remisión a las Cortes del Proyecto de Ley de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF). Las principales modificaciones se refieren al reconocimiento de la ultraperiferia del Archipiélago como elemento diferenciador. El objetivo es que los ciudadanos canarios, pese a la lejanía, insularidad y limitaciones estructurales permanentes, estén en igualdad de oportunidades frente al conjunto de ciudadanos de la Unión Europea, por lo que se debe modular a tal fin la actuación estatal en las políticas económicas. Además, se modifican aspectos relativos a los siguientes ámbitos: energía, agua, gestión de residuos, control aduanero, transporte, turismo, educación, empleo, incentivos regionales y agricultura. Entre otros apartados, se modifica la compensación al transporte de personas, que pasa del 50 al 75 por 100 en trayectos interinsulares en Canarias; se establece una compensación al transporte de mercancías, se fija la aportación nacional al POSEI y se compensa el precio por agua extraída en pozos y galerías.

Prolongadas hasta 2020 las ayudas para compensar los costes de emisiones indirectas de CO2 a determinados sectores industriales. El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que modifica otro del 12 de diciembre de 2014, por el que se creó un mecanismo de compensación de costes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero para empresas de determinados sectores y subsectores industriales, de forma que se prorroga su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020. Tras la aprobación del Real Decreto, se pondrá en marcha la convocatoria de ayudas para 2017, que cuenta con un presupuesto de seis millones de euros. La modificación del Real Decreto, además de la prórroga en las ayudas, introduce algunas modificaciones en beneficio del funcionamiento del programa. Entre ellas, permite un único trámite para la presentación de la solicitud de ayuda y para la justificación de los costes por los que se percibe la subvención, lo que supone reducir sustancialmente la carga administrativa para las empresas.

Informe del ministro de Justicia sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos con el fin de mejorar la regulación y adaptar la legislación española a las disposiciones contenidas en el Reglamento comunitario de 2016 en esa materia antes de su definitiva entrada en vigor, fijada para el próximo 25 de mayo de 2018. En esta reforma se introducirán novedades como el tratamiento de los datos de personas fallecidas por parte de sus herederos, teniendo en cuenta las instrucciones aportadas por las mismas. Además, se excluye el «consentimiento tácito», debiendo ser expreso y afirmativo y se establece la presunción de exactitud y actualización de los datos obtenidos directamente del interesado. En cuanto a la edad para el consentimiento, se reduce desde los catorce a los trece años, tal y como permite el Reglamento europeo, para adaptar el sistema español al de otros países de nuestro entorno. En lo referente al tratamiento de los datos, se adopta el principio de transparencia, se regulan los sistemas de información crediticia, la videovigilancia, los sistemas de exclusión publicitaria («listas Robinson»), la función estadística pública y las denuncias internas en el sector privado. Se incide también en los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición, y se introduce la obligación de bloqueo que garantiza que esos datos queden a disposición de un tribunal, el Ministerio Fiscal u otras autoridades competentes (como la Agencia Española de Protección de Datos) para la exigencia de posibles responsabilidades derivadas de su tratamiento, evitando así que se puedan borrar para encubrir el incumplimiento.

Reforma del régimen jurídico de las cooperativas de crédito. El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley de medidas urgentes en materia financiera cuyo objetivo es reformar el régimen jurídico de las cooperativas de crédito. Con esta norma se favorecen los procesos que contribuyan al fortalecimiento y a aumentar la resistencia de estas entidades, en concreto, mediante la constitución de los denominados Mecanismos Institucionales de Protección (MIP). Junto a la reforma del Régimen Jurídico de las Cooperativas de Crédito, el Real Decreto Ley crea una nueva categoría de pasivos que pueden emitir todas las entidades de crédito: crédito ordinario no preferente o deuda senior non-preferred. Se trata de una nueva categoría de instrumentos financieros a efectos regulatorios con el fin de facilitar el cumplimiento del requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles por parte de las entidades. La idea es que este nuevo instrumento tenga un orden de prelación (en caso de resolución o concurso) inferior al resto de créditos ordinarios pero superior a la deuda subordinada.

La Justicia establece que el directivo no puede incrementar el bonus que había pactado en el caso de que la empresa sea comprada y la nueva compañía mantenga una política retributiva más generosa. Así lo estipula una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que ha dado la razón a la empresa en el caso de un directivo que reclamó que le correspondía un sustancioso bonus en una sucesión empresarial.

SECTORES BANCARIO Y BURSÁTIL

Las ejecuciones hipotecarias están paralizadas en España. Y previsiblemente lo seguirán estando, al menos, hasta finales de año. Las están dejando en suspenso los jueces a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que viene ejerciendo como faro judicial en materia de cláusulas hipotecarias abusivas, aclare su criterio sobre los efectos de la nulidad de las condiciones de vencimiento anticipado, aquellas por las que la banca suele iniciar el trámite para cancelar el crédito y quedarse el inmueble que sirve como garantía. La abogacía asume que los jueces las paralizarán hasta que Luxemburgo aclare su criterio al Supremo. Banca y notarios ven lagunas en la futura reforma hipotecaria

EMPRESA

El sector turístico en Andalucía se prepara para un verano récord, en línea con las espectaculares previsiones del conjunto de un año en el que la región espera recibir más de 30 millones de visitantes. Sin embargo, estas buenas cifras no consiguen ocultar la preocupación en el sector hotelero por el imparable auge de los alojamientos turísticos, la mayor parte aún sin legalizar. En el caso andaluz, el estudio de Urbantur 2016, analiza la oferta de viviendas en webs en Sevilla, Málaga y Granada, llegando a la misma conclusión que a nivel nacional: la oferta es superior a la de plazas hoteleras regladas. En concreto, las plazas irregulares en viviendas turísticas solo en esas tres capitales superaron el pasado año las 57.500, mientras que las camas en los hoteles no llegaba a 50.000. Especialmente sorprendente es la situación de la capital malagueña, donde la oferta de viviendas casi triplica su capacidad hotelera.