INFORMACIÓN ECONÓMICA

Proyectos de ley sobre contratación pública. Ambos Proyectos de Ley tienen como principales objetivos agilizar los procedimientos de contratación, aumentar la competencia, mejorar la publicidad y trasparencia, luchar contra la corrupción y servir como instrumento de políticas medioambientales, sociales y de I+D. Se transpone a la legislación española el paquete de tres Directivas comunitarias en esta materia aprobadas por la Unión Europea en febrero de 2014. El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales de los dos Proyectos para los que se ha solicitado la tramitación por el procedimiento de urgencia. Se pretende aumentar la competencia y permitir un mayor acceso de las PYMEs a la contratación pública.

Modificadas las disposiciones sobre el sistema de etiquetado voluntario de la carne de vacuno. El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto para adaptar las disposiciones de la normativa nacional a la normativa comunitaria, que en diciembre de 2014 deroga, mediante Reglamento comunitario, las disposiciones de los sistemas de etiquetado facultativo de la carne de vacuno, derogación que ahora se traspone a la normativa nacional. De esta forma, la carne de vacuno pasa a regirse por las mismas normas que el resto de los alimentos. También se desvincula el etiquetado de las ayudas de la PAC, lo que supone una importante simplificación del sistema de etiquetado actual, disminuyendo, tanto las cargas administrativas, como los costes para los operadores españoles, con lo que se sitúan en las mismas condiciones que los operadores del resto de Estados miembros.

La previsión para 2017 indica que las pymes crearán 186.523 puestos de trabajo, un 65% menos que en 2016, según el Boletín trimestral de empleo en las pymes elaborado por la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) junto con Randstad Research. «Son datos en línea con las proyecciones que están realizando otro tipo de instituciones y en concordancia también con el descenso de la actividad económica», añade. En 2016, destaca sobre todo el crecimiento en el sector de comidas y bebidas.

Las pensiones públicas españolas seguirán siendo más generosas que la de los países de alrededor. Quienes se jubilen a partir del año 2050 tendrán que conformarse con una pensión equivalente al 50% de su último salario. Así lo refleja la Comisión Europea en un informe sobre envejecimiento. Y, además, en línea con las reformas aprobadas en todos los países, tendrán que trabajar más años para conseguirla. Aunque en este aspecto la Comisión espera un cambio menos brusco que en el de la tasa de reemplazo, sí admite que los que se jubilen a partir de 2035 tendrán que haber contribuido al sistema más de 39 años para percibir una prestación, tres años más que ahora.

Las Administraciones Públicas españolas ingresan mucho menos que la mayoría de países europeos. Tendrían que cosechar una cantidad equivalente casi seis puntos más del PIB para asimilarse a la media europea. La mayor diferencia se produce en el IRPF. España cosecha dos puntos de PIB menos que los países de nuestro entorno por este impuesto. Los expertos achacan esta diferencia a la gran cantidad de exenciones, deducciones y bonificaciones fiscales. Algo parecido ocurre en el IVA, donde la recaudación española es medio punto del PIB inferior a la media. En ambos tributos hay grandes bolsas de fraude. Si se suman todos los ingresos por impuestos que recaudan las Administraciones Públicas españolas, el resultado es una presión fiscal del 34,6% del PIB, según ha publicado esta semana Eurostat, la oficina estadística de la UE. Esta tasa se aleja en 5,4 puntos de la media europea. Países cercanos como Francia, Italia, Alemania o Portugal ingresan mucho más.

SECTORES BANCARIO Y BURSÁTIL

La industria de los ‘proxy advisors’ puede tumbar las propuestas de los consejos de administración. Los consejos de administración están nerviosos porque ven cómo alguien que escapa a su control puede tumbar sus propuestas (y sus sueldos). Los reguladores también están preocupados porque el sector de los proxy está muy concentrado en pocos actores, la transparencia de sus recomendaciones de voto es mejorable y, además, se enfrentan a distintos conflictos de interés que cuestionan su independencia. “Es importante que los fondos se involucren y participen en las juntas. El problema es que han delegado su gran poder de presión en un tercero. Además, el régimen de oligopolio en el que operan los proxy advisors no es bueno porque suele ser fuente de problemas en el manejo de precios y de información”.

La CE ha aprobado la nueva directiva de distribución de seguros (IDD, por sus siglas en inglés), y durante el próximo ejercicio esta normativa debe transponerse al ordenamiento jurídico español. Los comparadores tendrán que someterse a la regulación y cambiar algunas de sus prácticas operativas. Una vez que se trasponga la directiva al Derecho español, los comparadores tendrán que someterse a los mismos requisitos que otros distribuidores de seguros. Entre otras cosas, los compradores “deberán informar sobre quién remunera la comparación, por qué importe, los mecanismos de resolución alternativa de conflictos que existen y las razones por las cuales un seguro es recomendable frente a otros”, apuntan expertos. La directiva también es muy puntillosa en cuanto a al modo en que presentan al consumidor el resultado de la comparación.

EMPRESA

La inversión inmobiliaria en España cerrará con 9.000 millones de euros, lejos de los niveles récord de los dos últimos años. La escasez de productos de calidad que ha dejado tras de sí la frenética actividad de los últimos dos años (no vista desde la época precrisis) y la subida de precios consecuencia de este desequilibrio entre oferta y demanda, ha llevado a los inversores a estudiar las operaciones con más calma. Esa escasez de producto es un barrera para atraer al inversor de perfil más institucional que busca activos core en zonas principales de ciudades como Madrid o Barcelona. Además, aquí entra en juego el papel del inversor que está dispuesto a comprar un activo con el objetivo de invertir en su reforma y reposicionamiento, de modo que pueda obtener más rentabilidad a largo plazo”, advierte Ortega. A su juicio, durante 2017 y 2018 saldrá al mercado producto que ha sido gestionado por estos inversores.

El TS restringe la aplicación del convenio colectivo de empresa. En una sentencia, ha anulado el convenio de Grupo Control de Seguridad porque lo firmó el comité del centro de Madrid y la empresa pretendía aplicarlo al resto de delegaciones. Según el artículo 84.2 del Estatuto de los Trabajadores, el convenio de empresa tiene prioridad aplicativa respecto al sectorial en lo que se refiere a las materias expresamente concernidas. Lo que ocurre, aclara el TS, es que el ámbito acordado se circunscribe exclusivamente a los trabajadores de la empresa en la Comunidad de Madrid, cuando la compañía extiende su actividad y sus relaciones laborales a otras zonas. «Con tales premisas se hace imposible afirmar que el convenio colectivo pueda ser calificado como de empresa, ya que su ámbito de afectación es obviamente inferior», dice la sentencia, que entiende que no cabe aplicar la prioridad aplicativa que se establece en el citado artículo del ET, «la cual sólo se impone respecto del convenio de empresa o del convenio colectivo de grupo o de empresas vinculadas», una particularidad que no sería extensible a los de ámbito inferior.