FLASH INFORMATIVO
INFORMACIÓN ECONÓMICA
El empresario no puede negarse injustificadamente a que las trabajadoras con reducción de jornada elijan un horario que les permita conciliar su empleo con sus necesidades familiares. Y si lo hace, se puede enfrentar a una sanción de entre tres mil y seis mil euros por daños morales. La angustia por la incertidumbre y el desasosiego sufrido es un daño real del que debe responsabilizarse la empresa. Así lo establece una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que condena a una cadena comercial a indemnizar con 3.125 euros a una de sus empleadas, a la que concedió la reducción de jornada solicitada, pero con la condición de que trabajara, al menos, seis tardes al mes.
El Ejecutivo va a revisar la efectividad de 13 beneficios fiscales que a día de hoy generan un gasto de 57.187 millones de euros. En el campo de las empresas. Aquí se van a revisar los incentivos a la I+D+i y los tipos reducidos y las donaciones en Sociedades. El impuesto al que más rendimiento le quiere sacar el Ejecutivo es al de Sociedades, que el año pasado permitió ingresar 24.838 millones. Apuestan por crear un tipo mínimo para grandes empresas del 15%, y del 18% en el caso de entidades financieras y compañías de hidrocarburos. Así mismo, se limitarán las exenciones para evitar la doble imposición en los dividendos y plusvalías generados por empresas españolas en el exterior como consecuencia de su participación en sociedades filiales, pasando del cien por cien actual al 95%. Con estas propuestas, el Ejecutivo aspira lograr 1.776 millones adicionales.
Un Juzgado de lo Social de San Sebastián ha reconocido como accidente laboral el período de baja por ansiedad al que se acogió un empleado de una empresa de seguridad debido al acoso al que le sometió uno de sus jefes, ha informado CCOO. Según el sindicato, el trabajador afectado, que desempeñaba labores de vigilante, permaneció de baja laboral entre mayo y julio de 2018, después de que un informe realizado por la empresa para la que trabajaba reconociera la existencia de «una actitud abusiva y hostil» hacia él por parte del jefe de su equipo. CCOO explica que, aunque en un principio, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la mutua de la empresa no reconocieron «el origen profesional de la dolencia», la sentencia sí lo hace ahora.
Los consejeros de empresas ingresaron 3.151 millones de euros durante 2018, un 4,8% más que el año anterior, y el doble que en los tiempos de la burbuja inmobiliaria, según datos difundidos el martes por la Agencia Tributaria. De esta cantidad, Hacienda ya ha retenido 1.052 millones de euros a cuenta del impuesto de la renta que tendrán que liquidar ahora. El tipo efectivo que pagan los miembros de los consejos de administración de las empresas españolas en el IRPF asciende al 33,38%, según la estadística oficial. Las empresas cotizadas en el mercado continuo contaban con unos 130 consejeros durante el año pasado. Pero en España hay muchos más miembros de consejos de administración, en compañías que no están en Bolsa. La estadística de Hacienda, también recoge los ingresos totales que perciben los trabajadores españoles. El año pasado ingresaron unas rentas conjuntas de 370.752 millones de euros, un 5,4% más que el ejercicio precedente. Este aumento de rentas de los asalariados se debe fundamentalmente al incremento del número de trabajadores —más de 500.000 nuevos asalariados, según recoge la estadística de Hacienda—.
La Unión Europea se ha puesto las pilas para digitalizar las administraciones públicas. Una nueva directiva les impone la obligación de usar un formato común al recibir facturas electrónicas de parte de empresas privadas. La nueva norma, que entró en vigor hace dos semanas, vincula a administraciones de todo tipo, estatales, regionales y locales, aunque estas dos últimas tienen un margen de un año para adoptar el nuevo formato. Desde la empresa Seres, especializada en soluciones de intercambio electrónico de documentos, consideran que el formato común “mejorará las relaciones comerciales en el mercado comunitario y permitirá a las empresas reducir costes y mejorar la gestión y la trazabilidad de las operaciones”, en palabras de Alberto Redondo, director de marketing de la empresa en España, Portugal y Latinoamérica.
SECTORES BANCARIO Y BURSÁTIL
El Ibex 35 retrocedió un 1,6% ayer jueves, una simple consolidación, ya que no se acercó a niveles clave, según explican desde Ecotrader-, i vuelve a lucir 13 consejos de compra, el dato más alto desde febrero de 2017. En los dos últimos meses, a los ocho valores que ya contaban con el favor del consenso de mercado que recoge FactSet (que eran Ferrovial, ArcelorMittal, Iberdrola, Meliá, Banco Santander, ACS, Merlin y Cie) se han sumado CaixaBank, Ence, Cellnex y, más recientemente, Repsol e IAG.
Los institutos emisores diversifican sus inversiones ante la incertidumbre económica. La demanda mundial de oro subió un 7% en el primer trimestre de este año, según anunció este jueves el World Gold Council. Los responsables de este renovado apetito son los bancos centrales. En el conjunto, hasta nueve institutos emisores añadieron más de una tonelada de oro a sus reservas. “Las tensiones comerciales, la ralentización del crecimiento y los tipos de interés negativos influyen en la mente de los inversores. Además, el factor geopolítico causa consternación”.
EMPRESA
La industria del automóvil se tomó un respiro en abril, después de siete meses consecutivos de caídas en las matriculaciones de turismos. Las ventas de coches subieron un 2,6%. Esa es la buena noticia de un mes que mantiene notas negativas, como el hecho de que la confianza del mercado de particulares continúe en mínimos y bajando, registrando una caída de las ventas del 17%. Solo la actividad de las empresas (tanto las que de renting como las alquiladoras) salvaron el mes. En lo que va de año, en todo caso, las ventas acumulan una caída del 4,5%.
El TJUE ha retirado a Correos la competencia exclusiva para vender medios de franqueo distintos de sellos. En una sentencia dictada hoy, el Tribunal europeo rechaza la normativa española que garantiza al operador postal un derecho exclusivo a la distribución de medios de franqueo distintos de los sellos de correos. «Los Estados miembros no pueden otorgar o mantener en vigor derechos especiales o exclusivos para el establecimiento y la prestación de servicios postales», apunta la sentencia.